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«Aunque nacimos sobre oro y diamantes, no podemos mandar a nuestros hijos a las universidades». Julio Abreu suelta la frase mirando fijamente el río Caura. Está sentado bajo un bohío que sirve de merendero a los pescadores y visitantes del puerto de Maripa, en el estado Bolívar, adonde llegó en 1999 proveniente de la Gran Sabana. Hace unos meses (en mayo de 2010), el lugar también era la puerta de entrada y salida de los mineros que querían probar fortuna en el Alto Caura. Un plan militar de desalojo de la minería ilegal ha frenado, por los momentos, el tránsito de personas, víveres y combustible de contrabando que distinguían al amplio terraplén.

Abreu es pemón del sur de Bolívar. Ha sido minero, comerciante y agricultor. A los cincuenta y cuatro años de edad se lamenta de que «la bulla» -el nombre que recibe la inmigración súbita a una mina recién descubierta- haya sido acallada por los militares. «¿Cómo hago ahora si no puedo ir a la mina? Al principio, vivíamos tranquilos, porque la naturaleza era nuestro mundo. Con la llegada de la civilización, su educación y servicios de salud, nos vimos en la necesidad de trabajar en la minería».

Abreu es una de las quince mil personas que viven alrededor de una economía basada en la minería ilegal en la última cuenca hidrográfica virgen del país. Su valor radica en que en su territorio –cinco por ciento del país- se encuentra diecisiete por ciento de la flora nacional y treinta y dos por ciento de las especies animales registradas.

«Hasta hace poco la cuenca del río Caura era considerada como una de las pocas del mundo con una superficie tan extensa (4.587.000 hectáreas) que aún estaba en condiciones relativamente prístinas», dice Luis Jiménez, biólogo director de Phynatura, una organización no gubernamental que realiza estudios en el Caura.

 La cualidad se ha ido perdiendo, dice, debido a la reciente intervención minera ilegal en las márgenes del río, así como en las cabeceras del Yuruaní, un afluente del Caura.

«Con la finalidad de extraer oro aluvional, talan y deforestan el bosque en dimensiones mayores a tres hectáreas por cada corte. Utilizan motobombas que cortan la tierra a presión y lavan completamente los suelos». Es un daño que contribuye al calentamiento global y al cambio del régimen de precipitaciones que sustentan la represa del Guri, donde se genera casi setenta por ciento de la electricidad de Venezuela.

Además, los trabajadores utilizan mercurio para separar el oro del material arenoso que viene con la extracción. El metal -llamado azogue por los mineros- y los combustibles de las curiaras también contaminan las aguas del río. Todo esto ocurre a pesar de que la zona cuenta con cinco figuras legales de protección ambiental, la primera de ellas declarada en 1968 y la última en 1991.

Infeliz coincidencia. Especialistas del Caura y habitantes de Maripa, el pueblo más grande cercano al río, coinciden en que «la bulla» en la zona se inició en 2006, cuando un grupo de indígenas ye’kwana regó la voz de que había oro cochano en el río Yuruaní. Antes de eso la minería era actividad complementaria de los campesinos de la zona durante el invierno, señala Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela. «Iban un mes a buscar oro y regresaban a sus labores».

Los indígenas ye’kwana y sanema también «lavaban arena», indica Jiménez. «Pero lo hacían como quien recurre a una caja de ahorros: en casos extremos. Por ejemplo, cuando necesitaban comprar un motor para una curiara».

«Era muy fácil. En un ratico podía recogerse medio kilo porque el río todavía botaba oro cochano», dice un ye’kwana que pidió mantener su nombre en reserva. La forma sinuosa de los caños del Caura permite la formación de remolinos de agua. Los lugareños sólo tenían que hacer pozos en las márgenes del río y esperar un rato, para después pescar en el fondo el metal precioso.

Pronto irrumpió la codicia entre los indígenas más transculturizados, afirma Jiménez. Muchos pensaron que sería un fenómeno localizado, como Nalúa Silva, antropóloga de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, pero dos hechos registrados en el mismo año complicaron la situación.

«La bulla» coincidió con el desalojo de mineros de La Paragua en 2006. «Era previsible que hubiera un movimiento poblacional hacia el Caura, y así lo alertamos al Ministerio del Ambiente». Pero no hubo correctivos y lo que nunca había ocurrido, sucedió. «Los mineros que habían sido evacuados del Caroní y La Paragua se mudaron al Caura». Llegaron entre tres mil y cuatro mil personas”, cuenta Silva.

Ese mismo año, a esta situación se sumó la llegada de guyaneses y brasileños. La actividad de estos últimos fue ilegalizada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien entregó títulos de propiedad colectiva a los indígenas de una zona del Roraima, departamento fronterizo con el estado Bolívar.

Otro elemento que fomentó “la bulla” fue el precio del oro, que subía aceleradamente. Entre 2005 y 2010 aumentó de 444 dólares a 1.249 dólares la onza. “Aquí llegué a hacer sesenta ‘gramas’ (gramos) en un mes”, expresa Jonny García, de veintinueve años de edad, en el muelle de Maripa. “Fueron como doce mil bolívares, pero se me fueron rápido”.

“Todo esto confluyó y se produjo una invasión masiva al Caura”, agrega Silva. No hay datos oficiales, pero Carlos Villegas, médico del ambulatorio de Maripa, calcula que cerca de cinco mil mineros estaban en la zona antes del actual desalojo.

En 2008, después de que las vetas que se encontraban en las márgenes del río habían sido explotadas, los mineros se adentraron en el bosque. «Cuando limpiaron todos los pozos, metieron máquinas», recuerda un lugareño del Alto Caura, que no quiso identificarse. Los «cortes» o espacios de trabajo de la mina alcanzan los mil metros cuadrados de extensión y hasta tres metros de profundidad. No son tan extensos como al oeste y sur de Bolívar, «pero podrían llegar a serlo si no paramos la situación», alerta Silva.

El Caura no daba diamantes, como sí la cuenca del Caroní y la zona del río Cuchivero. “Quien encuentra uno, se lo lleva y más nunca regresa a la mina, porque valen muchísimo”, indicó Luis Gómez, vecino de Maripa, quien ha trabajado en varias minas del estado.

Red de corrupción. En los pueblos cercanos al Caura, los vecinos, que prefieren no identificarse por miedo a las amenazas, aseguran que los militares apostados en la zona -adscritos a la Guardia Nacional y el Ejército- les quitaban cincuenta gramos de oro semanales a cada «compañía», nombre que recibe el grupo de cinco personas dueñas de los motores e implementos que operan en una mina. «Al que no pagaba, lo sacaban».

Se escuchan apellidos y apodos de tenientes, capitanes y generales como los actores de una red de extorsión que se desenvuelve sin cortapisas entre El Playón (puesto militar al margen del Caura), Caicara del Orinoco y Ciudad Bolívar.

La memoria es clave para los militares transgresores, que tienen un lema para “las vacunas”: “Si no te olvidas de mí, yo me olvido de ti”. Otra consigna común es “todo lo que flota paga”. Quien la acata puede movilizar dragas, combustible, motores, mangueras, víveres, herramientas y balsas a lo largo de los ríos Caura y Yuruaní sin mayor dificultad.

También hay señalamientos contra políticos locales, militares retirados y empresarios que alimentan la economía de la extracción ilegal a través de la compra de negocios de víveres, talleres mecánicos o ferreterías que dan servicio a los dueños de los campamentos mineros.

Muchos compran oro a los mineros (a doscientos bolívares el gramo) y lo revenden en Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz (hasta en doscientos sesenta bolívares el gramo).

Otra fuente de corrupción es el tráfico de combustible (diesel y gasolina), que está regulado por ser el estado Bolívar una zona fronteriza. Sólo pueden comprar quienes tienen un permiso gubernamental que establece un cupo.

Muchas pequeñas empresas -agropecuarias o comerciales- y cooperativas -como las Zamoranas- venden su cupo (que varía entre diez mil y treinta mil litros al mes) a las «compañías» mineras o a individuos que trafican hacia las minas. Un tambor de gasolina de doscientos litros, que cuesta treinta bolívares en la estación de servicio, lo venden entre doscientos cincuenta y mil bolívares. Algunos pescadores artesanales, como Ramón Mejía, compran un tambor cada tres días a trescientos bolívares. «Este es el problema más grave para nosotros. Si no pagamos ese precio, no podemos trabajar», dice. Y solicitar un cupo, agrega, es muy engorroso. Una parada en alguna estación de servicio cercana al Caura permite observar a militares custodiando el llenado de tambores de gasolina y transportándolos en vehículos no oficiales.  

Selva asediada. A casi cuatrocientos kilómetros al sureste del Alto Caura, cerca del río Icabarú y de la frontera con Brasil, se encuentra el campamento minero de Fariñeros. O lo que queda de él. A inicios de mayo de 2010 el Ejército destruyó las casuchas de madera en las que habitaban cerca de mil quinientas personas, entre ellas familias con infantes y recién nacidos. Para los ecologistas y científicos expertos en la Amazonia, Fariñeros es un espejo de lo que pudiera ocurrir en el Caura si la minería no se detiene a tiempo.

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