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En el municipio Valdez del estado Sucre no hay rastro de las empresas petroleras y la pesca es casi inexistente tras 21 años de revolución. En esta zona ubicada al noroeste del país la inseguridad, la pobreza, la falta de trabajo digno y la escasez de gasolina obliga a familias enteras a involucrarse en el tráfico de güireños, que buscan escapar de la crisis de forma clandestina en embarcaciones precarias. De acuerdo con expertos, esto ha generado la normalización de los delitos como la trata de personas, y el crecimiento de una industria ilegal vista como negocio rentable

Fotos Alianza GüiriaDuele / cortesía Crónica.Uno

Dos o tres lanchas parten de forma clandestina cada semana en Güiria. Surcan el oleaje del océano Atlántico, que baña la costa del litoral oriental, con venezolanos que escapan desesperados de la precariedad. Durante las noches se aventuran a cruzar la Boca del Dragón, un estrecho marítimo en el que han desaparecido cientos de personas; con destino a Trinidad y Tobago, que está ubicada a 100 kilómetros de Venezuela.

Pero no fue sino hasta el 12 de diciembre, cuando aparecieron los cuerpos de 19 personas ahogadas, entre ellos 7 niños; que la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de productos mostraron de nuevo cuáles son los negocios más rentables y de mayor crecimiento en ese pueblo pesquero, enclave económico de la península de Paria y capital del municipio Valdez.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el ámbito mundial: genera 32.000 millones de dólares de ganancias ilegales cada año. En América Central y el Caribe 80% de las víctimas son mujeres, más de la mitad niñas (55%) y 25% son adultas, de acuerdo con los datos de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU.

Samuel Pérez, sociólogo y jefe del departamento de análisis histórico-social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) explicó que “cuando no consigues un trabajo formal que te garantice la sobrevivencia, la actividad ilícita, como el contrabando de mercancía, de bebidas alcohólicas, o cualquier otra cosa peor se convierte en una alternativa, porque pese a los riesgos es una actividad bien remunerada y lucrativa”.

Añadió que la crisis económica y social ha reforzado la criminalidad en un área donde el contrabando es un modo de vida para muchos habitantes de ambos países, apenas separados por pocos kilómetros de mar.

“Históricamente, llevar y traer entre Trinidad y Tobago y Venezuela, alimentos, alcohol, es tradicional”, dijo.
Y es que Sucre es uno de los estados más pobres del país. De acuerdo con datos de la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 97% de la población del estado vive por debajo de la línea de pobreza.

Cualquier ganancia, insistió el sociólogo, que una persona pueda tener en dólares es atractiva, porque el bolívar perdió todo su poder de compra, entonces si pueden tomar un peñero y llevar o traer algo entre Trinidad y Tobago y Sucre, y ganar 500 dólares, significa mucho para una familia pobre hoy día.

De acuerdo con varios estudios sobre cómo ha cambiado la dinámica en esta región en los últimos años, el circuito de actividades criminales ha creado todo un entramado de actividades económicas que coexisten con la economía formal o legal, y con la economía informal, existiendo entre ellas límites borrosos y zonas grises, en las cuales los mismos habitantes pueden dedicarse a tiempo parcial a varias de estas actividades como estrategia para maximizar sus ingresos. Esto tiene como consecuencia, según las investigaciones, que se manifieste todo un dispositivo de naturalización y legitimación de la economía criminal y toda una red de complicidades y silencios.

Uno de los principales obstáculos para asimilar las características sobre la situación de Güiria y de esta zona de Sucre, en general, está en la manera en que los propios actores locales naturalizan y justifican los circuitos de renta criminal y se convierten en motores para garantizar la vida económica de regiones periféricas del país, en zonas fronterizas alejadas de las dinámicas económicas que mueven los ejes de crecimiento regional.

Sucre aparece señalado como parte de las rutas del narcotráfico desde hace más de 10 años. Según el Informe 2018 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), esta entidad fue el quinto estado más violento de Venezuela con una tasa de 97 homicidios por cada 100.000 habitantes, un aumento de 16 puntos en comparación con el año anterior. “Y esto se encuentra relacionado con la expansión del crimen organizado hacia estas zonas para controlar el tráfico de droga hacia las islas y el mar Caribe”, destaca una investigación del medio dedicado a la cobertura del crimen organizado InSight Crime. 

El OVV afirmó en su informe del año 2019  que “se observa la presencia de los estados que no fueron históricamente violentos, como Sucre, Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito. Las rutas del tráfico de drogas y de la minería ilegal están modificando la geografía de la violencia”.

Los pescadores de Sucre hacen énfasis en la indefensión en que se encuentran: “Fuimos al Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) y no hicieron nada. No hay ante quien quejarse, porque los mismos cuerpos de seguridad son cómplices de los narcotraficantes. Y es que mucha gente de las comunidades también se presta para ese delito. Los piratas trabajan para las bandas”, reseña InSight Crime en su investigación.

Tanto es así que el 18 de agosto de este año fue asesinado en Güiria el concejal y dirigente del PSUV, José Carmelo Bisdick, un conocido locutor radial que denunció irregularidades en la distribución de combustible, tráfico de drogas, extorsión y corrupción.

Bisdick fue sacado de su casa por un grupo de sujetos armados, y su cuerpo fue encontrado al día siguiente con múltiples impactos de bala en un terreno baldío del municipio Valdez. Se presume que el asesinato del dirigente está vinculado con las denuncias que hizo.

Según las fuentes, hay una “masa” de dinero para comprar en dólares la permisividad de los cuerpos de seguridad del Estado, y específicamente del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana, que tiene a su cargo la custodia de la zona.

Los expertos aseguran que la Guardia Costera de Güiria carece de las lanchas necesarias para patrullar toda la península de Paria, lo que hace casi imposible que pueda combatir a los narcotraficantes, aunque quisieran hacerlo.

Solidaridad automática

El 14 de diciembre, cuando el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de Luis Alí Martínez, dueño de la lancha Mi Recuerdo —en la que naufragaron también cuatro de sus once hijos— los habitantes del pueblo salieron a protestar en las calles. El rechazo que generó la noticia produjo la presión necesaria para que a Martínez le dieran casa por cárcel y liberaran a su esposa, quien fue detenida el 16 de diciembre.

El psicólogo social de la UCV, Leoncio Barrios, explicó que los grupos suelen manifestar una solidaridad automática cuando uno de sus miembros es atacado por alguien de afuera; sobre todo cuando una comunidad tiene alta cohesión, como sucede en los pueblos pequeños como Güiria. Barrios indicó que esto es una forma de autoprotección. “Si uno de nosotros cae, otros pudieran caer, parece ser un pensamiento colectivo”, dijo.

Asimismo, Barrios explicó que los grupos suelen ser agradecidos con quienes son percibidos como sus protectores, aun cuando estas sean personas “mal comportadas” o usen recursos “mal habidos”. “Es el caso de Pablo Escobar en Medellín, de los malandros en los barrios y de las familias de funcionarios corruptos. Es una suerte de complicidad pasiva”, añadió.

Por su parte, Pérez recalcó que en Güiria las bandas de narcotráfico son el verdadero poder que controla la vida cotidiana allí, y eso obliga a que mucha gente se vaya, no sólo fuera del país, sino también a otros destinos dentro del territorio, lo que se conoce como “desplazamiento interno”.

Jhonny Romero, director nacional de Mayday Comité Nacional de familias víctimas de las desapariciones y trata en las costas de Venezuela (Confavidt), explicó que la gente no reconoce el tránsito de migrantes como un delito en las fronteras marítimas por ser un procedimiento penal de reciente aplicación.

“Para los pobladores que se conocen entre sí y guardan relaciones de parentesco esto es una novedad. Antes los matraqueaban o les quitaban el motor o las lanchas. No existía la acusación formal ni la posibilidad de ir a la cárcel. Ahora que se aplica la ley la gente se defiende y más si están involucrados en el delito”, dijo.

No los pudieron comprar

El descontento por el dramático descenso en la calidad de vida, sumado al reciente naufragio del peñero Mi Recuerdo fue palpable el 19 de diciembre, cuando los güireños rechazaron la visita del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, durante una jornada de entrega de alimentos, medicinas y computadoras. En videos que se hicieron virales en redes sociales como Twitter se escuchan abucheos hacia los funcionarios.

Para Pérez, el rechazo de los güireños a cualquier funcionario del gobierno bolivariano,  demuestra que hay una población que no está dispuesta a seguir soportando penurias. “Una población que ya no cree en esos actores políticos, da cuenta de la pérdida del prestigio del Gobierno y muestra a una población que comienza a perder el miedo”.

Tomada por bandas criminales de narcotráfico, contrabando y trata de personas, con un Gobierno que los dejó a su suerte, la gente de Güiria se hunde en la pobreza. La mayoría solo tienen un pensamiento: escapar del lugar que alguna vez fue su hogar.

Esta cobertura especial #GüiriaDuele es la cuarta entrega de una alianza de periodismo colaborativo entre Efecto Cocuyo, Historias que laten, Crónica.Uno y Fe y Alegría.